En un año de pandemia hemos visto con desgarro que ser mujer se ha convertido en un determinante de la salud. Es cierto que no es el único factor, como la edad o la clase social, pero lo cierto es que arraiga una de las profundas causas de desigualdad.
Si bien los hombres mueren más por este virus como consecuencia de estar más afectados por condiciones médicas previas o crónicas como hipertensión, problemas cardíacos, renales o pulmonares, para las mujeres la mortalidad del coronavirus se encuentra determinada, en cambio, por los roles y mandatos asociados a su género.
Es importante entender cómo los brotes de enfermedades afectan de manera diferente a hombres y mujeres para desarrollar políticas de intervención equitativas e igualitarias. La respuesta a brotes de enfermedades como el COVID-19 debe ser efectiva y no reproducir las desigualdades de género preexistentes.
Mujeres como cuidadoras
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitido en 2007 sobre epidemias y enfermedades infecciosas señalaba que “los roles típicos de género condicionan el lugar en el que las mujeres como pasar tiempo en la casa o haciéndose cargo de personas dependientes afecta “la frecuencia e intensidad de la exposición a determinados agentes infecciosos”.
Un análisis más reciente de la publicación científica The Lancet sostiene que si no cambia el hecho de que sean mayoritariamente las mujeres quienes asuman las labores de cuidado, ellas continuarán estando más expuestas a contagiarse en esta y en otras epidemias.
Asimismo, ocupaciones remuneradas que cobran especial importancia en crisis sanitarias también son empleos feminizados.
En el personal de salud se observa que globalmente la enfermería está en un 86% en manos de mujeres, frente a un 14% de hombres. Las enfermeras tienen niveles de exposición más altos que los médicos. Ellas están mucho más involucradas en el cuidado de los pacientes, y son quienes realizan los análisis de sangre o recogen muestras. De similar manera, el 71% del personal de farmacia son mujeres, el 93% del personal de limpieza —oficinas, hoteles, casas— son mujeres y el 84% de quienes atienden en los supermercados —cajeras— son mujeres.
Debido a la cancelación de clases presenciales en las instituciones educativas de todos los niveles, la mujer también debió ocupar un lugar esencial: la educación y el seguimiento de los estudiantes de nivel primario o el apoyo a los de nivel secundario para poder continuar con su educación durante el confinamiento. Muchas mujeres cedieron sus computadores, el acceso a internet a sus hijos al igual que el limitado espacio físico del hogar, sacrificando así su propia capacitación o búsqueda laboral.
Desigualdad en el trabajo
Las mujeres constituyen la mayor parte de los trabajados informales y a tiempo parcial. En periodos de incertidumbre, como durante una pandemia, las mujeres tienen mayor riesgo de perder su trabajo y no poder volver a trabajar después. La pandemia COVID-19 ha llevado la participación de las mujeres en la fuerza laboral a su nivel más bajo en tres décadas.
En Canadá un millón de mujeres han tenido que dejar de trabajar. Algunas con hijos han tenido que debatirse entre cuidar a su familia, negarse a trabajar o buscar una reducción de horas. En los dos primeros meses de la pandemia 1,5 millones de mujeres canadienses perdieron sus empleos de tiempo completo y las mujeres representaron alrededor del 45 por ciento de la disminución de las horas trabajadas. Los sectores más afectados fueron la hotelería y servicios alimentarios, el comercio minorista, los servicios educativos, atención médica y asistencia social.
La edad también determina las consecuencias para la mujer. Mujeres de entre 20 y 24 años, junto con las de entre 35 y 39, abandonan el trabajo más rápido que en otros grupos de edad. El salario más bajo que se paga a las mujeres por el mismo trabajo realizado por hombres es uno de los factores que obliga a la mujer a ceder estos espacios laborales a sus parejas. Estas tendencias están afectando en gran medida a las mujeres con hijos menores de seis años.
Es probable que la pandemia y las demandas de criar hijos sean las culpables de la salida de las mujeres de la fuerza laboral, mientras algunos hombres se benefician del crecimiento en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, dominado aún por este género.
Sin acceso a la toma de decisiones
Si bien por primera vez en la historia las mujeres conforman la cuarta parte de los representantes en parlamentos, congresos y senados a nivel mundial al ritmo actual, pasarán otros 50 años antes de que podamos lograr la paridad de género en los parlamentos.
Durante la pandemia, el 72% de los jefes ejecutivos de sanidad global han sido hombres. Cabe destacar que en Canadá al igual que en otros países nórdicos las mujeres han ocupado un rol mucho más importante, sobre todo en lo concerniente a las decisiones científicas durante la pandemia.
Las Américas son la región que más porcentaje de mujeres representantes tiene en promedio comparado con el resto del mundo, con el 32,4%. Incluso en Chile, Colombia y Ecuador, el porcentaje es superior al promedio, pero el camino hacia la igualdad de representación en la toma de decisiones está aún muy distante.
Perdidas en derechos reproductivos
La salud reproductiva de la mujer fue otra de las áreas afectadas por la pandemia. Los cambios fisiológicos del embarazo originan en las mujeres un mayor riesgo de algunas infecciones. A pesar de que falta evidencia sobre la COVID-19, se sabe que las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave cuando las afecta el virus de la gripe, por lo que es importante proteger a las mujeres embarazadas de estas nuevas cepas.
La crisis sanitaria ha multiplicado las barreras que obstaculizan el acceso a la interrupción legal del embarazo y a métodos anticonceptivos, identificados por la OMS como servicios esenciales. En Texas y Ohio, por ejemplo, fueron canceladas completamente estas clínicas durante todo el 2020.
En Canadá la suspensión de turnos médicos o intervenciones quirúrgicas programadas, la recomendación de no ir a las guardias salvo que sea estrictamente urgente y necesario y la toma de conciencia de que el sistema de salud debe ser reservado para las personas que requieran atención por el coronavirus fueron todas causales de la pérdida de servicios de atención esenciales como la distribución de métodos anticonceptivos o el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Una pandemia en las sombras
Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.
A medida que la pandemia del COVID-19 profundiza el estrés económico y social, también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres. Mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de sufrir abuso y violencia.
Durante los períodos de cuarentena, las mujeres que experimentan violencia tienen acceso limitado a servicios protectores. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. En 33 países de la región, durante el 2019, la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800, reportó recientemente la CEPAL.
A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.
ONU Mujeres ha hecho un llamado a los gobiernos, a la comunidad internacional, al sector privado y a otros actores para que prioricen la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas, a través de cuatro estrategias principales:
1. Acceso a atención: Garantizar el acceso a los servicios esenciales de atención, es decir, facilitar el acceso a las cortes y juzgados, hospitales y servicios de salud, a consultorios jurídicos y al apoyo psicosocial.
2. Alianzas con organizaciones: Trabajar estrechamente con las organizaciones de sociedad civil y redes de mujeres defensoras de derechos humanos. Estas organizaciones son las expertas en las necesidades de las mujeres y es importante fortalecer sus capacidades y recursos para responder a la crisis.
3. Cero tolerancia: Tener cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, asegurando que los servicios policiales y judiciales prioricen la atención y sanción de la violencia. De manera paralela, involucrar a la comunidad a unirse contra la violencia de género.
4. Invertir en prevención: Aumentar la inversión en la prevención a través de programas de educación, campañas públicas y programas para empoderar a las mujeres y niñas, buscar la transformación de las masculinidades nocivas o las normas sociales que fomentan o toleran la violencia contra ellas.
