La violencia y las olas migratorias han vuelto a ganar terreno en las noticias desde Estados Unidos, tras la partida de Donald Trump de la presidencia. Poco ha cambiado desde que el conflictivo líder populista dejó la Casa Blanca, pero su narrativa y frivolidad han dejado una grieta profunda que demorará mucho en ser reparada en la sociedad.
En menos de dos semanas dos matanzas masivas, una en Atlanta, Georgia y otra en Denver, Colorado. El silencio, tras los disparos que en segundos arrebataron la vida a 18 personas, es espeluznante. La frecuencia de estos crímenes insensatos nos anestesia y verlos por televisión a diario nos ha vuelto tristemente insensibles.
Muchos pensarán que esto no tiene que ver con quien está en el poder, ya que durante la presidencia de Barack Obama se sucedieron varios ataques de odio, racismo, misoginia e intolerancia, pero las actitudes de los líderes marcan el compás de los tiempos y, más allá de los contrastes evidentes con la administración demócrata, en todos estos ataques aparece una fractura social creciente de desigualdades y racismos, donde prima básicamente un desdén por la vida de los demás y una necesidad insana por salir de la invisibilidad u obtener -aunque sea efímero- ese segundo de presencia mediática.
La locura de las armas
Cada vez más cercanos, estos ataques nos recuerdan que vivimos en tiempos de odio y feminicidios. Si tocan a una, respondemos todas, dice una canción de la lucha de mujeres en México. Por ello cuando supimos del asesinato de 7 mujeres y de un hombre en Atlanta, todos de origen asiático, no podemos permanecer indiferentes. Denunciar estos hechos públicamente y en cada uno de nuestros espacios es un deber moral.
El presidente Biden dijo que la motivación de los tiroteos aún no se había determinado, pero reiteró su preocupación por el reciente aumento de la violencia contra los asiático-estadounidenses a raíz de la pandemia. En tanto, la vicepresidenta Kamala Harris, la primera asiático-estadounidense en ocupar el cargo, expresó sus condolencias por las familias de las víctimas. El Congreso ya tenía planeado, desde antes de esta matanza una audiencia sobre discriminación y violencia contra los asiáticos.
La audiencia se programó antes del ataque para investigar un aumento en los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, que aumentaron un 149% en 2020, en 16 ciudades importantes, en comparación con 2019, según el Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo.
El odio a los inmigrantes de cualquier lugar provoca un miedo inevitable, pero no nos puede paralizar. Hoy, es contra los asiáticos, pero ninguna comunidad está exenta. Para contener esta ira hay que reconocer las causas de esta violencia y evitar explicarla con razonamientos frívolos y superficiales, como cuando se dijo que el ataque contra mujeres que trabajan como masajistas fue por una adicción sexual del atacante, argumento que se difundió en los medios ante el brutal asesinato de trabajadoras y madres estadounidenses de origen asiático.
En el ataque armado en un supermercado de la cadena King Sooper, ubicado en una zona residencial, con muchas familias y estudiantes, a poca distancia del campus de la Universidad de Colorado se revive el tema del control de armas, la histórica división entre demócratas y republicanos. El ataque, que habría sido cometido por un joven de 21 años con un rifle de asalto, se produjo justo 10 días después de que un juez bloqueara la prohibición de ese tipo de fusiles en la ciudad de Boulder.
El presidente Joe Biden urgió por la prohibición de los rifles de asalto y pidió al Congreso adoptar medidas más estrictas sobre el control de las armas tras el tiroteo que dejó diez personas muertas, la segunda masacre en el país en una semana.
Durante años, los demócratas han abogado por una regularización de la Segunda Enmienda de la Constitución, que permite la libre tenencia de armas. Los republicanos defienden el derecho de los civiles a portarlas, mientras los miembros del Partido Republicano siguen recibiendo grandes donaciones de dinero por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), que ha hecho un gigantesco lobby para evitar un cambio en la legislación.
En Canadá tenemos una sangrienta historia con el uso de armas. El último tiroteo dejó 22 víctimas mortales en la provincia de Nueva Escocia. Tras esta tragedia, una de las peores en los últimos 30 años, el primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmó que tanto la comercialización como la posesión de más de 1.500 tipos de armas de fuego quedarán prohibidas.
Tiroteos como el de Nueva Escocia reviven el dolor de la masacre de 1989 en la Universidad Politécnica de Montréal, donde 14 estudiantes mujeres perdieron su vida. Más de 30 años han pasado y aún se estima que hay 34 armas por cada 100 habitantes canadienses, una cifra que resulta alarmante. Si bien el promedio es mucho más bajo que el registrado en Estados Unidos, donde hay al menos 120 armas por cada 100 ciudadanos, todavía hay mucho trabajo por hacer para que los tiroteos en entornos domésticos y públicos no continúen truncando vidas inocentes.
Una frontera caliente
En el orden migratorio, la administración de Biden enfrenta una vez más una crisis humanitaria en la frontera con México, donde hay al momento 14 mil menores de edad que cruzaron solos la frontera sur sin ser acompañados por sus familias. Los menores están en albergues provisionales en precarias condiciones de vida, viviendo como presos, alimentados con raciones y sin ver la luz.
Biden nombró a la vicepresidenta Harris como la encargada de dirigir las acciones del Gobierno estadounidense frente al aumento del flujo migratorio hacia el país. Esta tarea implica tender puentes diplomáticos con México y los países del Triángulo del Norte, donde la pobreza y la violencia sistémica, sumada a las tragedias causadas por la pandemia y los huracanes han dejado a miles forzados a huir. Mientras estos países no ofrezcan oportunidades y esperanza de vida, la migración no se detendrá.
La llegada de Biden al poder se interpretó como una señal de flexibilización de las trabas migratorias, lo cual lejos de ser real, podría aumentar desproporcionalmente la cantidad de inmigrantes, que pese a los peligros mortales del cruce lo arriesgan todo. Son mayormente familias con niños pequeños, mujeres solas y jóvenes.
Hoy las familias que cruzan enfrentan expulsiones bajo el Título 42, un estatuto creado bajo la Administración Trump que permite la deportación a México de las personas que representen un riesgo para la salud pública de Estados Unidos.
Cientos han sido devueltos en vuelos directos hacia México en las últimas semanas, pero a los menores sin compañía los están depositando en estos centros de albergue transitorios dependientes de la agencia de salud pública, cuya capacidad, a juzgar por la gran cantidad de niños, es posible resulte desbordada en breve. Se trata de una crisis humanitaria en claro desarrollo que no puede tratarse con remedios del pasado.
