Compensar los desequilibrios territoriales figura entre los principales retos de la Unión Europea en la que progresivamente se está concentrando la población en las grandes ciudades, al tiempo que en varias regiones del Norte y Sur de Europa reside menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. La pérdida de población rural ha sido significativa en la práctica totalidad del viejo continente, pero en países como Francia, Alemania o Italia que partían de tasas de ruralidad superiores, el impacto ha sido inferior al de España que comenzó el éxodo rural a mediados del pasado siglo, con 30 habitantes por kilómetro cuadrado. Actualmente alrededor del 50% del territorio español se encuentra en serio riesgo de despoblación mientras un 90% de la población se concentra en el 30% del territorio.
El cambio de milenio fue esperanzador para la España interior que consiguió distribuir una parte importante de la población inmigrante en localidades pequeñas y medianas, de todo el territorio nacional, pero la crisis de 2008 dificulto el arraigo de los nuevos residentes, que en un corto periodo de tiempo abandonaron las comarcas con menor densidad de población. Los recortes en servicios sociales, sanitarios, educativos o de infraestructuras han dificultado la vida en los entornos rurales, en los que cada vez resulta más costoso residir. Los movimientos sociales en defensa de la “España vaciada” que comenzaron sus reivindicaciones en 1999, han cobrado fuerza en los últimos tres años, consiguiendo que se incorpore entre las prioridades electorales, políticas centradas en la vertebración del territorio y el reto demográfico para intentar frenar la progresiva desaparición de pequeños municipios.
La crisis del Covid-19 ha revalorizado los espacios rurales en los que se ha podido trabajar y estudiar con normalidad durante los periodos de confinamiento, en condiciones más saludables y sostenibles. Inicialmente hubo cierto escepticismo respecto a la magnitud del incipiente Idill rural pero pasado un año del primer Estado de Alerta, han aumentado significativamente los empadronamientos en la mayoría de las localidades del interior, se ha incrementado el movimiento de compraventa y rehabilitación de viviendas rurales, las segundas residencias han tenido una ocupación muy superior a la registrada los años anteriores y el turismo interior ha resistido las restricciones a la movilidad, mejor que los destinos de playa y montaña. En medio de un periodo de pesimismo y depresión se abre una ventana a la recuperación de la España despoblada, que con tanta nostalgia hemos visto degradarse.
Se van a necesitar por lo menos diez años para valorar el impacto del cambio de tendencia, pero nos encontrarnos frente a una oportunidad para reforzar los potenciales atractivos de la vida en el campo. Sería precipitado confiarse en un resurgir que puede revertirse una vez se supere la pandemia, en una economía de mercado interesada en concentrar a la ciudadanía en zonas urbanas estratégicas, pero es importante que las políticas de vertebración del territorio se refuercen aprovechando el impulso generado por los nuevos residentes, necesarias para superar el declive demográfico que tanto ha preocupado en la última década. Es imprescindible invertir en la juventud rural, en reducir las desigualdades de género y en la atracción de nuevos pobladores de diferentes culturas, que son los que realmente pueden rejuvenecer los pueblos. Se tiene que dejar de culpabilizar a los que se marchan y trabajar para que voluntariamente lleguen nuevos pobladores ante las oportunidades que generen los nuevos empleos procedentes del ecoturismo, la agricultura familiar vinculada al territorio o las posibilidades de teletrabajo que ofrece la sociedad de la información. No menos importante resulta una transformación social que incluya mayores opciones de ocio, cultura y deporte dirigidas a las nuevas generaciones, acompañadas de campañas para reducir el control social informal.
