El precio de la denuncia social en América Latina

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Boletín No 87, Toronto, Marzo 11 de 2022
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El precio de la denuncia social en América Latina

Boletín Línea Uno 87 Informativo y cultural - Consejo de Desarrollo Hispano / Hispanic Development Council - Toronto - Canada
11 March 2022
por Alberto Juan Barrientos

El activismo social y el periodismo de denuncia han sido, tradicionalmente, motores del cambio en las sociedades modernas. Ambas actividades son actores de influencia en la psique colectiva que movilizan y generan estados de opinión y que actúan sobre la consciencia individual primero y la colectiva después.

Dependiendo de las circunstancias sociohistóricas y de cuánto ha llegado a calar el mensaje, una denuncia o una simple noticia puede derivar en un acto de protesta y hasta en una revolución. He ahí el poder de la crítica, del cuestionamiento de la razón o del derecho que, supuestamente, detenta un grupo humano, casi siempre en posición de poder, para tomar y ejecutar decisiones que impactan en la vida de los otros.

Y he ahí, también, la génesis del miedo visceral que, hacia esa verdad, tienen aquellos que abusan del poder, legítimo o no, o que se auxilian de la corrupción moral y la fuerza para subyugar a las mayorías estableciendo agendas nada éticas o justas.

Una verdad acusatoria, cuando encuentra el eco adecuado, puede destronar reyes y cambiar el curso de la historia. Analicemos entonces que tan molestos se han tornado para el poder, ya sea corporativo, criminal o político, los sectores de la denuncia pasados y actuales en América Latina.

No es un secreto que el continente al sur del Río Bravo, algunas islas del Caribe incluidas, ha sufrido por décadas la corrupción político-económica, el abuso de poder y, muchas veces, la connivencia de los gobiernos con las mafias transnacionalizadas.

El favorecimiento político (e incluso legal) a la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de megacorporaciones, en detrimento de la vida y cultura de las comunidades locales, ha sido una práctica común ejercitada por algunos gobiernos de la región.

El autoritarismo, que en ocasiones ha llegado a tomar formas dictatoriales, también constituye un componente sociocultural que ha marcado el destino del continente. Y, en todos los casos, ante el abuso y la corrupción, se han alzado las voces de activistas y periodistas denunciando la inmoralidad, criticando la injusticia.
Como reacción, esas lacras que unas veces se valen de medios represivos “constitucionales” y en otros casos utilizan mercenarios o sicarios, han silenciado violentamente a aquellos ciudadanos dignos que les denunciaban.
Dicha violencia siempre ha sido más visible en épocas de dictadura o de estados fallidos, dominados por el crimen organizado.

En el primer caso, podríamos citar centenas (si no miles) de periodistas y activistas políticos asesinados o desaparecidos en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Nicaragua, El Salvador y Guatemala durante la segunda mitad del siglo XX.

En el segundo escenario, no podría dejar de mencionarse a la Colombia de los años noventa, cuando los carteles de la droga reinaban, chantajeando a cuanto gobierno se instaurase en el Palacio de Nariño. O, tal vez, fuese más ilustrativo hablar del caso de México en los inicios de esta centuria, cuando los narco-carteles sembraran un terror rayano en el sadismo entre sus críticos. Todos estos son ejemplos notorios de un verdadero drama, la aplicación selectiva y sistemática del terror contra la disidencia y la denuncia.  

Un reporte de Amnistía Internacional

Para entender más a fondo que el silenciamiento, la marginación, la coerción, la amenaza e incluso el asesinato de periodistas o activistas defensores de derechos humanos es un mal de fondo en América Latina, evaluemos la información recopilada por Amnistía Internacional durante el período 2020-2021.

Esta organización, más bien un movimiento global independiente de todo gobierno, partido o ideología, autofinanciado por una membrecía voluntaria que reúne a unos 10 millones de ciudadanos del mundo, constituye un referente de seriedad e imparcialidad en cuanto a la investigación sobre violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.
Es también una entidad reconocida por la ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión Internacional de Juristas.

Veamos algunos datos, ilustrativos en sí mismos, para entender qué está ocurriendo con los periodistas y activistas que denuncian la corrupción moral, política o económica en Latinoamérica.

Según este reporte, amparándose en la situación epidemiológica generada por la COVID-19, varios gobiernos locales coartaron sustancialmente la libertad de expresión ciudadana, destacándose los casos de Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Cuba y Venezuela.

Hasta septiembre del 2020, se habían registrado 449 ataques a periodistas por parte de funcionarios policiales o gubernamentales en Brasil. Mientras tanto, en Venezuela al finalizar abril de ese año, el número de agresiones similares alcanzaba la cifra de 400.

En la categoría de violación contra los derechos de expresión se incluían los actos de intimidación, las detenciones arbitrarias y la agresión física.

Asimismo, entre marzo y julio del 2020, el Observatorio de Agresiones a la Prensa Independiente denunciaba la ocurrencia de 351 ataques contra periodistas en Nicaragua.
El reporte refleja también que 19 periodistas resultaron asesinados en México en 2020, quedando la mayoría de estos crímenes impunes. En el país azteca, una denuncia firmada por 650 intelectuales acusó por esas fechas al gobierno de obstaculizar, exprofeso y selectivamente, la libertad de expresión.  

En cuanto a los activistas defensores de los Derechos Humanos, decenas de personas fueron asesinadas en el continente durante el año mencionado, destacándose países como Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela.  

El silenciamiento y la intimidación

La ONG Global Witness calificó a Colombia como el país más letal del mundo para quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos y las agresiones al medioambiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hasta agosto del 2020, supo de 97 activistas asesinados en este país andino. De ellos, 45 se habían verificado y catalogados como homicidio a finales del año, cuando la cifra de ejecuciones extrajudiciales se había elevado ya a 135.
En el mismo período, decenas de activistas fueron objeto de amenazas, intimidación, detención arbitraria, limitación de movimiento y vigilancia ilegítima en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela.

Al analizar el fenómeno del silenciamiento, por diferentes vías, de estas voces que se alzan contra la corrupción, la inmoralidad o el abuso del poder, vemos que hay más de una vertiente.

Por un lado, los activistas o periodistas que critican abiertamente las políticas de los gobiernos corruptos son, generalmente, acosados por el brazo de la ley asociado al poder ejecutivo. Pero rara vez en estos casos se llega al asesinato violento, habiéndose superado la etapa de las dictaduras sin máscara que reinaron por ejemplo en Chile, Argentina o Nicaragua en los años setenta. Se trata, más bien, del amedrentamiento a partir de amenazas, detenciones temporales o barreras interpuestas al desempeño de la labor de comunicación mediática.

En el caso de la denuncia contra el crimen organizado sí prevalecen las reacciones violentas de los afectados, quienes asesinan al denunciante bajo el amparo de la desidia o de la complicidad pasiva de los gobiernos.
Por último, los activistas sociales, que defienden a las comunidades donde se sobreexplota la naturaleza, incluso a costa de la salud de sus habitantes, muchas veces estas personas son ejecutadas por mercenarios a sueldo de las corporaciones interesadas en seguir adelante con la explotación de los recursos de la tierra.

Este año en Colombia perecieron ejecutadas 40 personas que defendían los intereses de las comunidades rurales contra la intervención de las corporaciones.  Mientras tanto, en Brasil, el 9 de enero pasado, tres activistas por la defensa de la naturaleza murieron asesinados a manos de sicarios pagados. En Honduras, ocurrieron tres asesinatos a inicios del año, siendo las víctimas un líder indígena, un defensor de la cultura local y una defensora transgénero de los derechos humanos.

En esta nación centroamericana recordemos se asesinó a la ambientalista Berta Cáceres, quien movilizara a varias comunidades rurales para impedir la construcción de una presa en un río que afectaría gravemente el modo de vida de los pobladores de la región.

Periodismo y redes sociales

Con la globalización del acceso a la información y el desarrollo de plataformas dentro de lo que se conoce como las redes sociales o el social media, ha surgido una nueva tendencia: el periodismo y el activismo independiente.
Hoy el mundo está interconectado, los hechos que ocurren en una geografía pueden ser vistos y escuchados en tiempo real en otras regiones, sin necesidad de que un equipo televisivo los transmita. Basta con que un simple ciudadano, con su celular, filme y suba las imágenes a un espacio virtual, al que pueden estar conectados otros miles de individuos.
Este avance tecnológico ha permitido no sólo la aparición de “influencers” que inundan las redes con información de poca utilidad, nada educativa e incluso banal, sino de “denunciantes empíricos,” que desenmascaran los males que corroen a la sociedad.

El periodismo independiente, fuera del alcance de partidos políticos, gobiernos, grupos financieros o cadenas informativas con agenda corporativa, se ha comenzado a imponer como otra alternativa muy eficaz de denuncia social.
En esta nueva modalidad de denuncia “inmediata”, ese actor social -que se rebela siendo a la vez partícipe y testigo-, es capaz de presentar la información no filtrada al público observador. Y, un mismo hecho es observado desde varios ángulos a la vez, puesto que no se trata de un equipo televisivo interesado en ciertas aristas del fenómeno, sino en testigos espontáneos que llevan la realidad al espectador tal y como ellos la ven.

Por otro lado, el representante del poder -un funcionario en el caso de gobiernos legítimos o el represor, cuando hablamos de dictaduras y entidades corruptas-, tendrá mucho menos impunidad para cometer el crimen o violar los derechos ajenos.

La espontaneidad del reportaje, mientras tanto, incrementa la credibilidad del material fílmico o sonoro transmitido al público, cuyos integrantes reciben múltiples mensajes sobre un mismo hecho y pueden, por tanto, sacar sus propias conclusiones.  

Cada vez más, personas con vocación de comunicación y deseos de combatir la injusticia, de enfrentar la corrupción, acometen la tarea de documentar “en vivo” las violaciones de todo tipo de derechos y libertades humanas. Ya no necesitan ser profesionales del periodismo, sino tener el valor de documentar los hechos y publicarlos en las redes.
Cuando esto se convierte en un fenómeno colectivo, es muy difícil que quienes cometen la injusticia puedan esconderse u ocultar su esencia criminal.

Por el contrario, cuando se trata de individuos aislados que denuncian el abuso, utilizando su propia identidad en las plataformas digitales, pueden sufrir y, de hecho, sufren persecución, represalias y hasta la muerte. Cabe destacar que no todas las denuncias publicadas en el ciberespacio llevan automáticamente el sello de la veracidad, en tanto algunas pueden estar manipuladas por intereses mezquinos. Pero, al menos la conjunción de muchas de ellas, con formato de testimonio, simple y llano, ofrecen materia prima suficiente para que el público saque sus conclusiones.

El impacto social de este mecanismo ha sido tremendo, cada vez más políticos y personas en posiciones de poder se han visto obligadas a renunciar, o al menos disculparse, por denuncias virales en las redes.  

El periodismo independiente es, sin dudas, un arma para la denuncia llamada a tener un rol cada vez más importante en la sociedad moderna. Como ejemplo de ello podríamos citar el movimiento #Metoo, contra el abuso sexual a mujeres, originado en Estados Unidos y que se ha expandido por el mundo, con efectos medibles en América Latina.
Algo similar sucedió en las protestas masivas ocurridas en Colombia en 2021, cubiertas en tiempo real por cientos de ciudadanos, quienes informaron al mundo sobre el abuso de poder ejercido por las autoridades durante la represión en tiempo real.



Fuentes:
Informe bianual de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo:





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