Sin acuerdos Perú sigue en vilo
3 March 2023
por Alberto Juan Barrientos
Perú ha entrado en un periodo de enorme incertidumbre y sus magníficas alturas parecen cada día que pasa unas cumbres borrascosas a la espera de otra tormenta.
Una crisis política de gran magnitud, cocinada tras décadas de sometimiento y pobreza estructural, alimentada por décadas de corrupción y desigualdad creciente, culminó por corroer su ya frágil democracia al parecer a punto de no retorno.
Entender plenamente la situación actual que sufre la población peruana requiere antes de un repaso histórico:
Antecedentes de la violencia
La historia del Perú, como la de tantos otros países de Latinoamérica, está plagada de violencia desde sus inicios. Y no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que a la llegada de los colonizadores españoles existía allí una civilización bastante avanzada, con estructuras sociales desarrolladas en comparación con la mayoría del resto del continente.
Los Incas, a quienes con enfoque local se han catalogado como imperio, tenían una cultura propia bien definida, un sistema de producción agrícola y distribución único, y alto grado de conocimiento acerca de la naturaleza y la astrología. Es por ello que, poseyendo una identidad fuerte, hicieron resistencia feroz a los conquistadores. Como en toda la historia latinoamericana, el adelanto tecnológico de los conquistadores europeos se impuso a la fuerza, creándose una nueva nación que mezcló las culturas ibéricas con las precolombinas ya existentes y adicionó luego un segmento africano en menor medida.
Luego de tres siglos de dominación española, la llama de la independencia alcanzó al Perú con las campañas del general José de San Martín. Luego de dos años de batallas militares y políticas, en 1821, el entonces Bajo Perú se convirtió en otra nueva nación independiente de España dentro del continente.
La independencia, sin embargo, no fue sinónimo de paz para los peruanos. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del XX, disputas territoriales con sus vecinos Chile, Ecuador y Colombia crearon estados de inestabilidad.
Con el siglo XX y sus grandes adelantos las riquezas naturales de esta nación se hicieron nuevamente atractivas a las compañías extranjeras, especialmente las de Estados Unidos. Como ocurriera antes con el oro, que fue saqueado masivamente por la metrópolis española, las industrias mineras extranjeras se convirtieron en los principales explotadores de valiosos minerales como plata, cobre y oro, y en productores de estaño, zinc y plomo.
Para la mitad del siglo 20, las transnacionales extranjeras y una exigua burguesía local dominaban la economía peruana, dejando a una gran masa eminentemente rural en condiciones de pobreza y olvido.
A finales de los 60, militares liderados por el general nacionalista Velasco Alvarado se hicieron del poder mediante un golpe de estado. A pesar de no haber llegado por vías democráticas a la gobernatura del estado, Alvarado llevó a cabo muchas medidas que apuntaban a la independencia peruana de los factores externos, siendo la más notoria la nacionalización del petróleo. Asimismo, realizó la reforma agraria más radical que se hubiese visto en el continente, promoviendo la propiedad de la tierra por pequeños productores vinculados a ella.
En 1975, otro golpe de estado militar instauró al general Francisco Morales Bermúdez en el poder, quien gobernó hasta 1980. Este oficial se inclinó más a la colaboración con los militares norteamericanos en el marco de la guerra contra las guerrillas de izquierda en el continente.
En el marco de la pauperización económica en que se sumergió el país durante esta etapa, un grupo de militantes escindidos del partido comunista tradicional crearon en 1982 su brazo armado o guerrilla, acometiendo una guerra asimétrica contra el poder, con prioridad en las zonas rurales. Conocido como Sendero Luminoso, este grupo llegó a tener miles de integrantes. El grupo realizó acciones militares hasta bien entrados los 1990.
Entre 1985 y 1995, la violencia y la corrupción política se adueñaron del Perú, dentro del marco de la supuesta guerra gubernamental contra el terrorismo. Sendero Luminoso acrecentó sus ataques, mientras los militares respondieron con crudeza, realizando matanzas en prisiones y varias zonas rurales.
Los presidentes Alan García y Alberto Fujimori, ambos acusados a posteriori de corrupción rampante, favorecieron la política de mano dura del ejército, convirtiéndose en cómplices de la violencia. Ambos terminarían, ya fuera de sus presidencias, acusados y procesados por el poder judicial. El primero se suicidó en 2019 y el segundo, luego de un exilio en Japón, ingresó a Chile y fue detenido y extraditado a Perú donde fue condenado a prisión por violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Sucesos recientes
Como muestra de hasta que grado ha llegado la inestabilidad política del Perú, podría mencionarse que en los pasados siete años ha habido en este país seis presidentes y tres parlamentos y se han contabilizado más muertes violentas que días de gobierno.
Los continuos cambios han sido generados por un enfrentamiento politico sin cuartel entre el gabinete y el parlamento.
Parece imposible el establecimiento de alianzas duraderas entre partidos o grupos políticos en esta nación. Como un patrón ya establecido, los acuerdos que se se produjeron durante las campañas electorales no resistieron la formación formal de gobierno por los mandatarios electos.
La discordia filosófica e ideológica entre miembros de diferentes bloques en el congreso parece estar condenada a la perpetuidad. Los cambios de posición de parlamentarios en medio del diferendo son también llamativos, y ya no caben dudas de que los mega intereses económicos juegan un rol fundamental en el caos. Al parecer, ningún lobby de representantes de los intereses trasnacionales o de los industriales locales ha sido capaz de lograr una agenda aceptada por la mayoría parlamentaria.
Crónica anunciada
Lo anterior no fue una excepción en el caso del depuesto presidente peruano Pedro Castillo.
Este maestro rural, elegido democráticamente por la mayoría del voto popular, llegó al poder con un discurso anti establishment, que para los desfavorecidos podía significar esperanza, pero para las élites ajenas a su persona significaron una amenaza.
La campaña electoral previa a su presidencia se caracterizó por una polarización extrema, al mejor estilo trumpista. La candidata de la derecha Keiko Fujimori y su partido acusaron desde aquel momento a Castillo de comunista, basándose en su relación estrecha con Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre y un hombre declarado marxista ( por razones de familia y por haber estudiado su carrera de medicina en Cuba).
En su discurso de apertura como mandatario, Castillo declaró: "Este gobierno ha llegado para gobernar con el pueblo y para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino. Yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados".
Solo que el mandatario no imaginó cuan difícil se tornaría gobernar en un país donde, increíblemente, formar gabinete es una tarea casi imposible.
La última constitución del Perú, aprobada en 1993, establece la figura de la “vacancia presidencial”, según la cual el congreso puede establecer que la presidencia de la República podría quedar vacante por "permanente incapacidad moral o física del presidente".
Según expertos legales de la nación andina, el término está presente en los cuerpos jurídicos peruanos desde el siglo 19, pero entonces se refería a lo moral como la cualidad mental de la persona en cuestión.
Con la interpretación actual, es extremadamente fácil para los políticos de la oposición considerar inmoral a un presidente del bando contrario, y de hecho, es lo que ha venido ocurriendo con varios mandatarios en los últimos años.
El congreso peruano, a diferencia de otros en la región, no se compone de bloques políticos sólidos o bien definidos, con alianzas estratégicas que engloban metas comunes más allá de las diferencias particulares.
En el cuerpo legislativo mas bien prevalece la existencia de pequeños grupos unidos por intereses económicos y no por ideología. Esto hace más difícil lograr un apoyo mayoritario sólido para cualquier mandatario.
Castillo trató de llevar a delante una agenda de cambios radicales. Así propuso desde sus inicios un referéndum para cambiar la constitución, la introducción de ayudas a familias pobres, medidas para combatir la inflación creciente y un proyecto de desarrollo de educación pública sufragada con nuevos impuestos tributarios a la industria minera.
Durante su breve mandato, el presidente hubo de renovar el gabinete en cuatro ocasiones hasta terminar renunciando a su membresía al partido Perú Libre, el mismo con el que había llegado al poder. Asimismo, sufrió de numerosas acusaciones de corrupción alimentadas por una prensa defensora de las elites, la cual fue dirigida a familiares y a su persona, llegando en algunos casos a presentarse el caso ante los tribunales, con la estrategia del lawfare o de judicializar a los adversarios políticos.
Finalmente, cansado de una lucha interna inacabable en busca de un consenso que no llegaba a materializarse y ante el intento del legislativo de declarar el estado de vacancia, Castillo terminó equivocadamente por declarar la disolución del congreso.
Los senadores presentaron de inmediato una moción ante el tribunal constitucional y este falló en su favor, dejando libre el camino para la destitución del mandatario.
Finalmente, Castillo fue arrestado por considerarse ilegal su intento de disolver la legislatura peruana, y la vice presidenta Dina Boluarte asumió la presidencia temporal del país.
En medio de la lucha entre ejecutivo y legislativo, y luego con la detención de Castillo, una ola de movilizaciones y protestas inundaron la capital Lima, comenzando en los sectores rurales ante la convocatoria lanzada por la Asamblea Nacional de los Pueblos. Pronto se sumaron las asociaciones campesinas, estudiantiles y sindicales.
Las manifestaciones masivas incluyeron bloqueos de carreteras y disturbios de gran envergadura, llegándose a declarar el estado de excepción por el gobierno de Boluarte.
Los organismos policiales y el ejército han ejercido una violenta represión, con el uso desmedido de la fuerza, provocando centenas de heridos y al menos medio centenar de muertes a lo largo de diciembre.
El país se sumió en un verdadero caos, provocando en la practica una cuasi parálisis de la actividad económica y la destrucción de instalaciones públicas y privadas. Entre los reclamos de los manifestantes resaltan la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales y legislativas, la disolución del congreso, la instalación de una asamblea constituyente y en varios sectores la liberación del expresidente Castillo. Desde fines de diciembre pasado se estableció una tregua y comenzaron las negociaciones que aún se hallan en curso.
La situación del Perú actual obedece sin embargo a males de fondo: la desigualdad social, el atraso en el sector campesino, el acceso a los recursos naturales en manos de trasnacionales. Estos problemas tendrán que ser tratados en un diálogo nacional futuro e inevitable. Pero para ello el país necesita alcanzar primero la estabilidad política y un gobierno de consenso, algo difícil de lograr en una nación con casi 24 millones de habitantes, casi la mitad de ellos ñ ñ va hécticamente indígenas, un tercio mestizos y el resto descendientes de europeos, esclavos africanos e inmigrantes japoneses y chinos.
La búsqueda de una mesa de acuerdo institucional que incluya a todos los sectores, especialmente las organizaciones campesinas en un contexto de pacificación social deberían ser el primer paso. De ello dependerá la democracia del país y de la región.
Fuentes:
