Migrantes: fácil víctimas de trata
24 March 2023
por Alberto Juan Barrientos
El pasado 3 de marzo se conoció a través de los medios de prensa de Toronto una noticia alarmante: “La policía regional de York desmanteló una red internacional de tráfico humano que, al parecer, se especializaba en vender mano de obra barata a ciertos empleadores en Ontario. Como resultado del hallazgo, 64 trabajadores mexicanos fueron liberados, luego de haber vivido y trabajado en condiciones deplorables de semi-esclavitud en todo el Gran Toronto y por bastante tiempo.
Se trataba, según declaraciones de voceros policiales, de personas saludables de ambos sexos y en edad laboral (entre los 20 y los 50 años). Se supo también que eran diariamente transportados en autobuses desde la ciudad hasta fincas, fábricas y almacenes, generalmente ubicados en la periferia, para ser retornados a sus lugares de alojamiento al final del día. En estos alojamientos precarios las personas son tratadas como una mercancía, sin las condiciones mínimas de higiene, seguridad y privacidad que debiera ofrecerse a cualquier persona que produce con su sudor los bienes que la sociedad consume, lo que se describe como tráfico humano.
La investigación policial, que al parecer llevó meses de planificación y ejecución, contó con la participación de la Policía regional de York y el Servicio Canadiense de Fronteras, recibiendo además el apoyo del consulado de México en Toronto. Al tratarse de ciudadanos mexicanos, quienes pueden viajar a Canadá exentos de visado, las autoridades de este país se han visto involucradas por necesidad en el proceso y han tenido que ofrecer asistencia a sus nacionales.
Lo anterior no significa el fin de los problemas para estas personas, pues técnicamente y de acuerdo con la ley, se hallaban violando su estatus de turistas o visitantes de un país extranjero, donde no se les permite trabajar oficialmente. Es de esperar que todos estos trabajadores puedan ahora obtener permisos para trabajar y permanecer en condiciones dignas en el país.
El drama social detrás de este caso, sin embargo, no es tan sencillo. Y sus implicaciones van más allá de una operación policial.
Cuando hablamos de tráfico de personas, tendemos a pensar en los miles de latinoamericanos que cruzan cada año, ilegalmente, la frontera entre México y Estados Unidos. Nuestro pensamiento, inundado de información publicada por los medios, nos hace pensar en esos seres desesperados por la chocante realidad social y la pobreza imperante en sus países, puestos en manos de las mafias traficantes que, por buenas sumas de dinero, los introducen al territorio norteamericano donde esperan hacer sus sueños realidad. Otras veces, al escuchar el término “tráfico humano”, nos ubicamos mentalmente en tantas jóvenes de Europa del Este o del sureste asiático, engañadas por mafiosos similares con promesas de empleo, trabajando al final de sus jornadas en prostitución. Rara vez pensamos en Canadá, que es también un país receptor de esta inmigración ilegal y que, como en todos los otros casos, se alimenta de esta mano de obra barata, cuasi esclava, para beneficio de los consumidores locales. Tal vez no haya indicadores críticos de la actividad, si se compara con Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, pero esto no quiere decir que el ignominioso proceso no ocurra al norte o al noroeste de los Grandes Lagos.
Con respecto específicamente al tráfico de personas con fines de explotación laboral veamos cómo funciona el mecanismo de importar mano de obra en extremo barata, basada en la explotación y el chantaje de quienes no tienen herramientas para defender sus derechos humanos más elementales.
Hay varios componentes en el tráfico de trabajadores ilegales en Canadá. En primer lugar, tenemos a la mafia organizada de delincuentes que constituye el proveedor del “producto”. Se trata de grupos criminales con conexión internacional, cuyo “trabajo” en ocasiones incluye otras especialidades al margen de la legalidad. Estos sujetos organizan el traslado hacia Canadá de las personas que, sin un permiso o estatus legal emitido por las autoridades canadienses, pretenden ganarse la vida trabajando en este país.
Generalmente, los traficantes se valen de la estafa, prometiendo viabilizar los trámites futuros que, en última instancia, garantizarán una vida estable a estos inmigrantes. Y por su gestión, cobran una buena suma de dinero, que puede pagarse “adelantada” o con una fracción del salario devengado una vez “empleado” en el país. En este esquema participan, obviamente, empresas de viaje, transportistas y supuestos intermediarios de inmigración, empleo y alojamiento.
Como segundo factor, tenemos a los empleadores inescrupulosos cuya consciencia es oscurecida por la sed de ganancias. Se trata de empresas productoras agrícolas, instalaciones fabriles y almacenes, que por un salario mínimo -casi siempre pagado cash y fuera de nómina-, obligan a trabajar durante jornadas más largas que lo habitual.
Y, en tercer lugar, aunque no menos importante, está la falta de denuncia efectiva por parte de las personas perjudicadas. Trabajadores ilegales explotados, carentes de un estatus legal que les permita reclamar sus derechos, no pueden denunciar su situación sin enfrentar la realidad de hallarse trabajando ilegítimamente en Canadá y arrastrar con ello la posibilidad de deportación o de ser multados por las autoridades.
Una vez engañados, continúan perpetuando el ciclo con la esperanza de que en algún momento futuro su situación podrá cambiar. Sufren en silencio las condiciones de hacinamiento, la paga de salarios bajísimos, las deducciones que por alojamiento y alimentación se les aplican a sus salarios, o las comisiones debidas a los traficantes que facilitaron su acceso al país y al puesto laboral. En muchos casos, su libertad de movimiento se ve limitada, pues les retiran sus documentos de identidad durante la estancia en territorio canadiense.
La mayoría de estos trabajadores ilegales desconoce que la legislación canadiense, desde hace bastante tiempo, protege sus derechos y prohíbe este tipo de explotación laboral. Con independencia del estatus migratorio, existe un marco jurídico comprendido en la esfera de los derechos humanos que, aunque está lejos de ser perfecto, describe este tipo de empleo como ilegal y reconoce cierta protección al trabajador.
El doble rasero, o el doble filo de la ley en este caso, se hace visible al encontrarnos que no hay un mecanismo para compensar a los afectados. La ley puede detener el acto de explotación, incluso multar y en casos extremos confiscar bienes a los empleadores inescrupulosos, pero no contempla claramente la concesión de un estatus laboral legítimo a ese trabajador. Tampoco establece un esquema de compensación a posteriori, en el que ese empleador resarza financieramente a la persona explotada. En todo caso, como ya se ha planteado, casi siempre el trabajador ilegal será deportado a su país de origen, a menos que pueda recibir la guía y el apoyo legal de una organización sin fines de lucro dedicada a servir los derechos de esta población inmigrante.
Adónde acudir para pedir ayuda
Adónde acudir para pedir ayuda
En Canadá y en Toronto existen varias organizaciones sociales actualmente que prestan ayuda a estos trabajadores. Servicios a Víctimas de la Región de York (Victim Services of York Region), ofrece alimentos, ropa, alojamiento temporal y ayuda financiera, legal y médica a personas que han pasado por la situación descrita anteriormente. El Centro de Acción y Ayuda a los Trabajadores, junto a la Alianza por el Cambio para los Trabajadores Migrantes (MWAC) han estado proveyendo de asistencia similar a laborantes extranjeros sin estatus legal adecuado en la región del GTA. Organizaciones que trabajan con refugiados también ofrecen asesoramiento en prevención de la trata de personas como el FSJ Refugee Centre.
A pesar de la existencia de estas organizaciones, entre muchas otras, el problema tiene un alcance mucho mayor que la capacidad de estas para resolverlo. Según declaraciones de la directora de Servicios a Víctimas en Toronto, este año se incrementaron dramáticamente los casos relacionados con tráfico internacional de trabajadores ilegales. En años anteriores, la institución recibía un promedio de cinco casos anuales, y en estos momentos, desde julio del 2022 han recibido 79 referencias. Con casi total seguridad, no es el tráfico lo que se ha incrementado, sino las denuncias.
En el 2005, el Parlamento de Canadá aprobó leyes específicas contra el tráfico humano. En la Sección 279 del Código Penal, cuatro textos tipificaron nuevas figuras delictivas: el tráfico de personas, la recepción de beneficios materiales o financieros resultantes de esta actividad, retención o destrucción de documentos de identidad para la comisión del delito, y la explotación de las personas con fines de tráfico.
A pesar de ello, entre 2010 y 2020 los servicios de Policía regionales reportaron casi tres mil incidentes investigados con relación a esta tipología de delito. Según varios analistas, incluidos los contratados por el Centro Canadiense contra el Tráfico Humano, estas cifras solo indican una mínima expresión de la ocurrencia del fenómeno, la punta del iceberg.
Debe tenerse en cuenta que las investigaciones policiales se generan a partir de las denuncias recibidas, y una ínfima parte de las operaciones de tráfico humano llega a oídos de la Policía. Según datos estadísticos, el 25 por ciento de las víctimas del tráfico humano en Canadá son menores de 18 años, y otro 20 por ciento está comprendido en el segmento etario de 25 a 34. La inmensa mayoría son mujeres, debido a que una buena parte de estas operaciones está destinada al mercado de los servicios sexuales.
No obstante, el rango de edades refleja un proceso de selección basado en la “eficiencia y productividad” de personas jóvenes, lo cual da un viso mayor de inmoralidad a la práctica del delito. Y, del total de denuncias procesadas por los organismos policiales, en el 52 por ciento de los casos no se llega a acusar ante la Justicia a los implicados. Lo anterior refleja hasta qué punto la delincuencia organizada es capaz de inspirar miedo en sus víctimas.
En 2012, se realizaron enmiendas al Código Penal para facilitar el enjuiciamiento de criminales locales conectados a las redes internacionales, así como se proveyó a la judicatura de nuevas herramientas para determinar la existencia de la explotación asociada al tráfico. Dos años más tarde, se fijaron penas mínimas, algo más severas, para castigar a los traficantes, a los receptores de beneficios resultantes del tráfico de menores y a quienes retengan o destruyan documentos de identidad con estos fines. No es suficiente, sin embargo, el reforzamiento del marco sancionable para quienes participan de esta actividad delictiva.
En la mayoría de los casos procesados judicialmente las sanciones privativas de libertad se ejercen contra los traficantes, mientras los empleadores reciben solo multas, que pueden pagar en mayor o menor medida con las ganancias abrumadoras de la explotación laboral.
La visión sociológica con la cual Canadá está enfrentando este problema tiene un desbalance, ya que sólo se está viendo la criminalidad extrema en una parte de la ecuación y no en las dos variables principales. Tan inmoral y delincuente es el traficante como el empleador que facilita el delito. Y para rematar, se termina sancionando también a la víctima, el trabajador ilegal, cuyos sueños de una mejor vida se ven muchas veces truncados. Si ya nuestra sociedad se benefició de su sufrimiento, lo menos que deberíamos hacer es facilitar su cambio de estatus e incorporarlos al sector que, amparado por la ley, produce lo que consumimos. Es una cuestión moral, se lo debemos a esas víctimas, con quienes hemos convivido haciendo oídos sordos por pura conveniencia.
Fuentes:
