Epidemia de violencia en Toronto

31 March 2023

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por Alberto Juan Barrientos

Toronto, alguna vez considerada una de las mejores urbes para vivir dentro del llamado primer mundo, está sufriendo un declive de sus estándares que incluye, significativamente, a la seguridad pública. Además del conocido incremento exponencial en el costo de vida, destacándose la renta y la alimentación, el problema de la seguridad ciudadana viene a sumarse a los indicadores negativos que ensombrecen el futuro de nuestra ciudad.

Según el portal de datos del Servicio de Policía de Toronto, en 2022, hubo un incremento del 17,2 % de la criminalidad catalogada como grave en el GTA con respecto al año anterior. Si dividimos los crímenes por categorías delictivas, vemos que este incremento se comportó de la siguiente manera: 44,2% los robos de automóviles, 6,5 % entradas ilegales a viviendas, 28,5 % de robos a personas, 11,3 % la violencia sexual y casi un 10% los asaltos.

Por sus características, que incluyen la finalidad de provocar daño físico y por los resultados, que se traducen en lesiones o muerte, son los asaltos y ataques sin motivo los delitos que más impacto están teniendo en la comunidad.

La lista de incidentes violentos a plena luz del día en los últimos diez meses es abrumadora. La mayoría de los asaltos ocurrieron, además, en estaciones del metro, paradas de autobuses o en la vía pública, lo cual transmite una sensación de vulnerabilidad a centenas de miles de usuarios de este sistema.

Cualquier persona, hombre o mujer, y de cualquier rango de edad, puede sufrir una agresión mientras espera un medio de transporte o se dirige sencillamente a su trabajo o va de regreso a casa. Si ha tomado un transporte en estos días notará el nerviosismo de pasajeros y la tensión que se respira en las estaciones o paradas. Si viajar en TTC ya tenía sus problemas por las largas esperas o caídas frecuentes en los servicios, hoy por hoy desplazarse en transporte público se ha transformado en una pesadilla de terror.

Aun cuando la finalidad de este crimen difiere sustancialmente de las acciones terroristas, siendo casi siempre estas últimas motivadas por la radicalización de agendas ideológicas o políticas, el efecto en la población es el mismo: la generación de un estado de terror progresivo que, de elevarse demasiado, impacta seriamente en el funcionamiento de la sociedad. Aunque no hemos llegado a ese punto, obviamente, y en aras de no alcanzarlo, se deben tomar medidas urgentes para frenar esta ola de violencia.

Según datos revelados por la administración del TTC, ocurrieron 1068 incidentes de violencia contra usuarios del transporte público en 2022, 245 de ellos en noviembre y diciembre. En esta cifra se incluyen ataques verbales y altercados, que no llegaron a convertirse en casos graves. Comparando este reporte con el del año 2021, vemos que la incidencia en ese período fue de 734 casos reportados, un 68 % de los indicadores recientes.

Desde abril hasta el día de hoy tuvieron lugar 22 ataques físicos violentos en este tipo de instalaciones. Una buena parte de ellos fueron ejecutados con arma blanca, y en ocasiones la agresión fue ejercida contra empleados del sistema de transporte.

Al menos cuatro de las víctimas murieron como consecuencia de las heridas recibidas, mientras muchas otras debieron recibir largos tratamientos médicos y quedaron con secuelas. El más reciente, fue el sonado caso de un joven estudiante del secundario, de 16 años, que esperaba sentado un tren en la estación de Keele a las 9:00 pm de un día sábado para volver a su casa.

Ante la escalada de violencia, y considerando que la seguridad pública se veía seriamente afectada, la municipalidad decidió después de que una joven mujer de 33 años fuera asesinada en la estación de High Park, incrementar la presencia policial en los sistemas de transporte público de la ciudad. En febrero, el servicio de Policía había destinado 80 oficiales al patrullaje de estos lugares. Poco después, en marzo, estos controles se redujeron o cancelaron.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿será esta la mejor respuesta al problema? ¿No estaremos presenciado una estrategia dirigida a enfrentar las consecuencias en vez de las causas del crimen?

Aun sin disponer de todos los detalles acerca de las interacciones ocurridas, puesto que el servicio de Policía solo ha difundido una parte, existe bastante testimonio público recogido por la prensa local.

Cuando se analiza la dinámica de interacción entre agredidos y agresores, emerge un patrón bien definido. Todo indica que se trata de personas marginalizadas socialmente, con alguna evidencia de padecer problemas mentales y muy probablemente sujetos al uso o abuso de drogas no permitidas.

En la narrativa testimonial, tanto de los agredidos como del público, se puso en evidencia la conducta errática de los agresores, una disfunción de los patrones regulares de comunicación social y finalmente, una carencia de causas lógicas como precursoras de la agresión. En otras palabras, estamos en presencia de personas cuya capacidad de procesar los estímulos del medio y las señales comunicativas de los demás, está totalmente distorsionada por el efecto de afecciones psicológicas, ya sean de origen permanente o temporal.

Durante y después de la pandemia de COVID-19, como era de esperarse, se incrementaron dramáticamente los casos de violencia asociados al estado mental y el estrés continuado en las personas. Este fenómeno tuvo particular impacto en los individuos que ya sufrían trastornos de personalidad, enfermedades mentales o adicciones a sustancias. El aislamiento, el cambio de las dinámicas de vida, la interrupción parcial o total de servicios necesarios para estos individuos, provocó que muchos empeoraran su estado mental y de ánimo, derivando en frustración, ansiedad, inestabilidad emocional y agresividad. Si sumamos a ello que la situación del alojamiento también se vio afectada, o que los precios de renta se dispararon recientemente y los programas de vivienda subsidiada son insuficientes, no podía esperarse otra cosa que la inseguridad creciente en espacios públicos y facilidades de transporte masivo.

Es precisamente en esos lugares donde más se concentran las personas que sufren de problemas mentales durante los meses fríos, ya que son sus lugares de refugio “no oficiales”, ya que los espacios previstos para la población indigente son escasos y resultan muy inseguros y con muy poca contención a las enormes necesidades de tratamiento de enfermedades mentales.

Es también conocido que las fuerzas policiales, tradicionalmente, se han entrenado para enfrentar la violencia física (la ejercida por los delincuentes) aplicando la fuerza o los recursos tecnológicos a su alcance (entiéndase armas de fuego, paralizantes eléctricos y de gas, bastones o simplemente algún arte marcial enmarcado en la defensa personal).

Y en los casos de personas que sufren de problemas mentales o que están bajo los efectos de sustancias, estas no son las mejores herramientas. Por el contrario, casi siempre, los medios y técnicas tradicionales para lidiar con el delincuente común, consciente de sus actos, solo empeora la interacción con la persona psicológicamente inestable. Los oficiales de Policía requieren, y esto ha sido discutido en los niveles legislativos municipales y provinciales, de un mejor entrenamiento y de recursos humanos capaces de utilizar el conocimiento de la psicología en estos casos.

Se han dado algunos pasos, como la contratación de psicólogos y trabajadores sociales y su inserción en los equipos policiales, pero todavía estas iniciativas no se han usado ampliamente y con un mayor presupuesto. Tal vez sea un problema de números, o quizás se trate de la distribución por áreas y horarios, pero esto es algo que deberá resolver la comunidad en su conjunto con urgencia y en el futuro inmediato. No podemos dejar este asunto como un problema policial, de lo contrario se atenderán las consecuencias y las desgracias, pero no la raíz del problema.

En medio de esta crisis, no ha faltado la manipulación de los estados de opinión pública con fines políticos. Algunos personajes de la política municipal, y otros de la provincial, han comenzado a relacionar la “necesidad de más oficiales de Policía”, o “mayor financiamiento policial”, con las candidaturas a la alcaldía y las butacas en la legislatura de Toronto. La bancada conservadora arguye que la creciente ola de violencia es producto de la escasez de recursos, financieros o humanos, para ejecutar un enfrentamiento efectivo. Y acusan a la oposición de “blandos e irresponsables”, o cuando menos displicentes ante la inseguridad que sienten muchos usuarios del sistema de transporte público en Toronto.

Se olvidan estos políticos de la evidencia, esa que apunta a un factor sociológico y de salud en relación con las agresiones recientes. Aparentemente, no han entendido que no se trata de delincuentes comunes, ni de crimen organizado, sino de un número preocupante de individuos que han sido abandonados por el sistema, jóvenes que vienen de traumas familiares y sociales a lo largo de un largo tiempo y que los sistemas correccionales han empeorado, y que viven sin ninguna contención en la ciudad sufriendo de adicción y/o problemas mentales severos.

Esta es una realidad que no se puede ignorar. Hemos dejado muchos vacíos a lo largo de la vida de estas personas, por ello que simplificar el fenómeno, enmascarando el mismo, al analizar solo la consecuencia y no la causa no nos servirá de mucho.

La práctica histórica ha demostrado que la violencia en las sociedades es siempre inversamente proporcional al grado de bienestar social. En la medida en que una sociedad provee a sus ciudadanos de servicios fundamentales, generando un nivel de vida y satisfacción más elevado (y esto incluye a los últimos elementos de la escala social, los más desamparados y desfavorecidos), menor violencia se aprecia en general, y en los espacios públicos en particular.

La Policía y sus servicios son necesarios para toda sociedad, pero es la prevención a través de los servicios sociales y médicos, la educación y la participación ciudadana lo que en última instancia frena la violencia. Esta lección debe ser aprendida de una vez por nuestros políticos y tomadores de decisiones públicas. Esperemos que así sea, y pronto.

Fuentes: